Díz indicó que, en las pequeñas y medianas provincias, donde ya ha concluido el proceso asambleario previo al referéndum que se celebrará el próximo jueves, la mayoría de los trabajadores consultados se pronunciaron por el "sí".

El acuerdo establece una aportación de la empresa al fondo de pensiones de 237.696 millones de pesetas, un 10,2 por cien más que la cantidad ofrecida en un principio por la compañía como derechos consolidados (215.000 millones).

Telefónica se compromete a aportar al fondo ua media por trabajador del 6,87 por cien de la nómina, aunque esta cantidad variará en función de los derechos adquiridos por cada empleado con el sistema de la ITP. Por su parte, cada trabajador destinará al fondo un 2,2 por cien de su salario.

Eladio Díez, señaló que, si gana el "no", los 237.696 millones de derechos consolidados por los trabajadores no podrían beneficiarse de la exención fiscal en el IRPF a que tienen derecho los planes de pensiones constituidos antes del próximo 3 de noviembre.

No obstante, UGT y CCOO han dejado en libertad de voto a sus afiliados y simpatizantes, aunque en ambas centrales han surgido discrepancias internas que, en el caso de la central socialista, se ha plasmado en un rotundo "no" de UGT Telefónica de Madrid.

Su secretario general, Rafael Hernández, manifestó hoy a Servimedia que su oposición obedece a que los derechos consolidados (la deuda contraida por las aportaciones hechas a la ITP) se reparten sin tener en cuenta las cotizaciones realizadas por cad trabajador.

Según sus estimaciones, el reparto se ha hecho de tal forma que los directivos de Telefónica se llevarán dos terceras partes de los derechos consolidados, con lo que obtendrán aportaciones de entre 20 y 40 millones de pesetas.

Hernández explicó que tampoco están de acuerdo con los plazos e intereses fijados para que Telefónica realice la aportación al fondo de inversiones: 121.350 millones de pesetas en 10 años al 6,5 por ciento de interés y 116.346 milloens en 28 años al 6 por cien. A su juicio, esto supone que los empleados van a prestar dinero a la empresa a tipos de interés inferiores incluso a la inflación, con lo que perderán poder adquisitivo.

Hernández también señaló que, con el acuerdo, el fondo no estará controlado por los trabajadores, porque quedará depositado en una empresa aseguradora, "Antares", con capital cien por cien de Telefónica.

En su opinión, aunque los trabajadores tendrán la mayoría en la comisión de control (10 de los 17 miembros), la adopción d decisiones importantes, como la política inversora del plan, exige 13 votos, para lo cual es necesario el apoyo de la empresa.

Hernández indicó que tampoco pueden aceptar que el "sí" al acuerdo suponga dar "carpetazo" a las demandas judiciales en marcha contra Telefónica por la disolución de la ITP, en las que se plantean reclamaciones económicas que superan el billón de pesetas.