El artículo 7 establece que ese organismo estará formado por un presidente, dos representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, un representante de cada uno de los ministerios de Cultura, Educación y Ciencia, Trabajo y Seguridad Social, Asuntos Sociales, Interior, Obras Públicas y Transportes, Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad y Consumo, Justicia y Asuntos Exteriores (13 en total) y cuatro representantes de las fundaciones.

La propuesta del Grupo Uión resalta la necesidad de que los miembros de las fundaciones sean nueve y que estén elegidos por las propias fundaciones y no por el Ministerio de Economía, como señala el proyecto de ley.

Por otra parte, el comunicado sindical indica que las propias empresas que van a dar origen a las fundaciones deberían empezar por desviar un porcentaje importante de sus aportaciones hacia un fondo de promoción cultural de sus propios trabajadores.

Según los ugetistas, esta desviación interna no precisaría entajas fiscales adicionales, ya que el artículo 106 del Reglamento del Impuesto de Sociedades recoge estos gastos como deducibles de la base imponible.

Una mayor presencia de los trabajadores en la gestión socio-cultural de las fundaciones y asociaciones de utilidad pública aseguraría, en opinión del Grupo Unión, que las actividades promovidas respondieran a intereses más globales.

En todo caso, llaman la atención sobre el riesgo de que la participación privada en el fomento de actividades sociaes se convierta en "un pretexto para que el Estado abandone su responsabilidad en el terreno socio-cultural, al tiempo que ese cometido se convierta en un soporte de promoción empresarial con indudables beneficios fiscales".