Para la FSP-UGT, la inclusión de este artículo en la Ley de Presupuestos del Estado de 1995 supondría el incumplimiento de la filosofía del acuerdo firmado entre los sindicatos y la Administración el pasado mes de septiembre, en el que quedaron fijadas las bajas y jubilaciones como única fórmula de acceso a la función pública.

UGT asegura que la prolongación de la vida laboral de los funcionaris del grupo A podría reducir a cero la oferta de empleo público en este grupo. A su juicio, esta medida no tiene sentido en un momento en el que se está potenciando la preparación universitaria enfocada a la función pública, ya que que se está cerrando la posibilidad de acceso a los nuevos titulados.

Además, en opinión de UGT, esta iniciativa supone un agravio comparativo hacia el resto de los grupos que componen la función pública, y contribuirá a desprestigiar al funcionariado ante los ciudadanos. La FSP-UGT considera que "es inadmisible para la sociedad una iniciativa de carácter corporativo, cuando la propia Administración está realizando fuertes regulaciones de empleo y jubilaciones incentivadas en otros sectores públicos".

Según UGT, la enmienda aprobada ayer introduce un elemento discordante en las negociaciones del Estatuto del Empleado Público, al privilegiar algunos grupos parlamentarios a un colectivo en detrimento del resto, "más aún cuando se da la coincidencia de que los portavocs de estos mismos grupos se encuentran vinculados a este colectivo".

Para la Federación de Servicios Públicos de UGT, esta medida "deja patente el proyecto que el Partido Popular podría llevar a cabo en el supuesto de que en un futuro gobernara este país".