En los colectivos que trabajan a turnos, los pros serán de cuatro horas en cada uno de ellos. En esa situación están la policía, los bomberos, los basureros, los empleados del alcantarillado, el personal de Aeropuertos y de Justicia, los servicios de urgencias de Correos y la Sanidad, entre otros.

En conjunto, el paro podría afectar a un millón y medio de trabajadores de las Administraciones central, autonómica y local, según explicó hoy a un grupo de periodistas el secretario general de la FSP, Santiago Nieves.

Por otra parte, UGT tiene preisto realizar, a partir del 11 de mayo, una campaña informativa ante las puertas de las oficinas del INEM para explicar a quienes acudan a ella las consecuencias del decreto del seguro de desempleo.

UGT también baraja la posibilidad de colocar carteles informativos dentro de las oficinas y que los empleados de las agencias informen directamente a los usuarios, si bien esta alternativa podría ser desechada por las sanciones laborales que podría acarrear.

Nieves afirmó que la Administración tambiénse verá afectada por los efectos del "decretazo", ya que la proporción de empleados temporales "se sitúa ya entre el 17 y el 18 por ciento, es decir, más de 200.000 trabajadores".

A su juicio, la decisión de convocar primero un paro de un mínimo de cuatro horas es acertada porque da un margen para la negociación antes de realizar en octubre la huelga general de un día.

Señaló asimismo que la fijación de esta última para octubre permitirá comprobar si el Gobierno intenta sacar adelante nuevas refomas contrarias a las tesis sindicales, como la privatización de la Sanidad y la supresión unilateral de las ordenanzas laborales.

Además, los sindicatos podrán comprobar cómo se traduce la aplicación del Plan de Convergencia en el proyecto de Presupuestos del Estado para 1993, que deberá presentarse en el Congreso antes del 1 de octubre de 1992.

En opinión de Nieves, el Gobierno ha querido provocar una huelga general de 24 horas rápida por parte de los sindicatos. Adujo como prueba las declaracioes, a su juicio provocadoras, de los ministros de Economía, Carlos Solchaga, y Obras Públicas y Transportes, José Borrell.

El dirigente ugetista aseguró que los sindicatos se limitan a pedir que el Gobierno socialista cumpla los programas electorales con los que fue elegido en lugar de "utilizar los votos para doblegar a los sindicatos".