El sindicato emitió un comunicado en el que recordó que el pasado 26 de mayo el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social convocó a los trabajadores de varias residencias de la red de protección de menores y a sus representantes sindicales para informarles del traslado de tres centros desde sus ubicaciones actuales hasta “extremos opuestos de Madrid”, y el cierre de una cuarta instalación.

UGT subrayó que ello representa una “voladura controlada (o no tan controlada) de una parte fundamental de la red de protección”, que afectará a 180 plazas de menores y a 350 trabajadores.

La decisión de la Comunidad de Madrid supone el traslado del Centro de Primera Acogida de Casa de Campo a Barajas para todos los menores no acompañados de origen extranjero que ingresen en el sistema de protección; la mudanza del Centro de Primera Acogida ICE desde el distrito de Hortaleza hasta la ciudad escolar de la carretera de Colmenar Viejo; la reubicación de la Residencia Infantil de Acacias, en Carabanchel, en la carretera de Colmenar; y el cierre de la Casa de los Niños, centro especializado en menores de 0 a 6 años con problemas de salud.

UGT destacó que estos cambios no obedecen a “ningún criterio técnico” ni forman parte del último Plan de Infancia ni en ninguna estrategia, habiéndose diseñado en “el más absoluto secreto sin contar con las trabajadoras y trabajadores, que son la base y el motor que mantiene en funcionamiento los centros”.

También denunció la “segregación por su origen de los menores al ser recogidos”, la “desaparición de un recurso de atención a pequeños muy especializado” y el “impacto que causará en los otros dos centros a los que irán los niños y niñas (Rosa y El Valle)”.

Del mismo modo, consideró un “sinsentido” trasladar el centro de Acacias fuera del caso urbano de Madrid, “sin posibilidades de normalización e integración de los niños y niñas participando de los recursos de la zona, del barrio, porque no hay recursos de zona”, hasta la carretera de Colmenar, “lejos de todo”.

UGT subrayó que “en todos los casos se avanza en sentido contrario a todo principio educativo”, y acusó a la Comunidad de “improvisación en vez de evaluación y planificación”, de moverse por “motivos políticos en lugar de razones técnicos” y de tratar los centros de menores como “inmuebles en lugar de como proyectos educativos”.

Por todo ello, exigió la “evaluación inmediata” del Plan de Infancia 2017-2021 y la “elaboración participada” de uno nuevo, en el que “se programen políticas que defiendan de forma efectiva a las niñas y niños con necesidad de protección”.