En la actualidad, las empresas que no cubren un 2% de sus empleos con trabajadores discapacitados deben destinar el coste que supondría el empleo de estas personas a la adquisición de bienes elaborados en Centros Especiales de Empleo o donarlo a instituciones para la integración de estas personas.

Sin embargo, según afirmó hoy la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, estas posibilidades lo que hacen en realidad es "fomentar el empleo protegido, en vez de integrar a los discapacitados en el mercado de trabajo ordinario".

La propuesta sindical es que este dinero se destine obligatoriamente a un fondo para impulsar la integración laboral del colectivo y mejorar los programas de formación profesional.

"En el caso de que las empresas prueben que no pueden contratar de forma directa a trabajadores discapacitados, se creará un fondo para la integración laboral y para potenciar la accesibilidad en los puestos de trabajo y la formación", señaló.