Así lo manifestó Álvarez en rueda de prensa en el marco de unas jornadas sobre salud y seguridad en el mercado laboral, en las que defendió la “idea de que los policías puedan avisar” a la Inspección de Trabajo.

En su opinión, las empresas incumplidoras, que se ceban especialmente con los trabajadores migrantes, “tienen que saber que los vamos a perseguir por tierra, mar y aire”. Y es que, a su juicio, las policías tienen “obligación” de “vigilar” el cumplimiento de todas las leyes, y no solo las que “en principio conciernen más” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Insistió que la Policía Nacional, las autonómicas, las locales y la Guardia Civil “tienen que ser agentes activos e implicados” en la lucha en favor de la seguridad laboral y explicó que “basta” con pasear por las calles y ver las obras o mirar en las empresas para detectar importantes incumplimientos en prevención de riesgos.

Además, señaló que “es evidente” que el Ministerio de Trabajo y Economía Social no es el competente para diseñar los planes formativos de los policías, pero aclaró que ellos (los sindicatos y la patronal) están negociando con dicho departamento sobre la reforma de la legislación en materia de salud laboral y que luego debe ser el Gobierno en conjunto quien se coordine para aplicar las medidas pactadas.

Por otra parte, sostuvo que, “sin lugar a dudas”, la legislación sobre prevención de riesgos y salud en el trabajo tiene que incorporar la perspectiva de género, al tiempo que criticó la “competencia” entre mutuas que, a su criterio, lo que hace es empeorar la gestión de estas cuestiones en las empresas.