Así lo indicó el sindicato tras publicar el informe ‘El impacto de la Ley de Desindexación en la negociación colectiva de FeSMC-UGT’ que denuncia en los contratos de servicios que se realizan con la Administración las empresas han afrontado las diferentes subidas del salario mínimo desde el año 2018 y los incrementos pactados en los convenios colectivos, pero sin la “posibilidad” de “repercutir estos mayores costes”.

Según UGT, lo “imposibilitan” la Ley de Desindexación, su reglamento de desarrollo y la Ley de Contratos del Sector Público, a la que el sindicato califica de “contradictoria” ya que establece la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. Así, la empresa “tiene que cumplir el convenio, pero no puede repercutir los costes asociados al mismo a la administración contratista”.

La consecuencia de esta situación es el condicionamiento que se produce sobre la negociación colectiva de los trabajadores del sector privado, ajenas a las contratas del sector público. “A la hora de negociar un convenio, las empresas se ven condicionadas por estas restricciones, de forma que la negociación colectiva se encuentra secuestrada”, afirmó el sindicato.

En este contexto, UGT aseguró que se acaba poniendo “en peligro la viabilidad” de muchas de estas empresas y, “con ello, la continuidad de las plantillas”.

Asimismo, el sindicato denunció que las administraciones públicas presentan “licitaciones a la baja”, lo que genera una “enorme presión” sobre las empresas que “de manera casi inevitable” repercute en los trabajadores a través de reducciones de personal, compresión de jornadas o eliminación de beneficios sociales.

“En definitiva, la Ley de Desindexación está interfiriendo en la libertad de la negociación colectiva, con importantes perjuicios para las personas trabajadoras”, agregó el sindicato.