En declaraciones a Servimedia, Gilabert señaló que el Gobierno está obligado a respetar el acuerdo firmado por los sindicatos con el anterior Ejecutivo socialista, en virtud del cual quedaba garantizado el poder adquisitivo de los empleados públicos para el trienio 1995-97.

De acuerdo con sus estmaciones, la pérdida de poder adquisitivo afecta al 80 por ciento de los empleados de la Administración General del Estado, ya que algunos colectivos, como los médicos, consiguieron evitarla con acuerdos sectoriales.