UGT adelanta su criterio de que es preciso "el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (y de la normativa que la desarrolla) por parte de los empresarios y, en su caso, el pago efectivo de las sanciones a que fueran sometidos. Para ello, la Fiscalía General del Estado deberá dar instrucciones precisas y concretas para perseguir todas las inracciones relativas a la seguridad y salud laboral de los trabajadores".

El sindicato que dirige Cándido Méndez recuerda que las centrales sindicales han insistido desde hace más de un año al Gobierno en que es necesario tomar medidas para frenar las altas tasas de siniestralidad laboral, ya que se producen más de 740.000 anuales con baja, es decir, unos 2000 diarios.