El propósito de UGT, egún explicó hoy a Servimedia el secretario general de su Federación de Construcción, Manuel Garnacho, es controlar las obras adjudicadas al amparo de la Ley de Contratos del Estado, que el año pasado ascendieron a 2,1 billones de pesetas.

La supervisión sindical afectaría, sobre todo, a las obras adjudicadas por el Estado, que en 1990 tuvieron un importe de 1,62 billones de pesetas, frente a los 630.000 millones de las comunidades autónomas y los 387.000 millones de las corporaciones locales.

Ganacho señaló que, en una entrevista mantenida recientemente con el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, éste se comprometió a estudiar la exclusión de las adjudicaciones oficiales de obras a las empresas que incumplan la normativa de seguridad e higiene o cometan otro tipo de irregularidades laborales.

El dirigente de UGT explicó que ese tipo de cláusulas socio laborales ya es aplicada por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente de la comunidad autónoma, modelo qu, a su juicio, debería ser seguido por todas las administraciones públicas.

REFORMA

A su juicio, el control de las adjudicaciones de obras exige la reforma de la Ley de Contratos del Estado para que los agentes que intervienen en el sector de la construcción, y especialmente los sindicatos, establezcan mecanismos de control.

UGT opina que no sólo es necesario sentar las bases de las adjudicaciones en condiciones iguales y de estricta competencia, sino también supervisar la realización de la obr para evitar ampliaciones injustificadas del presupuesto.

Según Garnacho, este tipo de controles son habituales en muchos países comunitarios. Con ese fin, agregó, "es indispensable una modificación de la Ley de Contratos del Estado para comenzar a aclarar el desarrollo de los concursos de obras, las subastas o concursos-subastas".