Las líneas maestras del plan ugetista de alquileres fueron presentadas hoy en rueda de prensa por su secretario de Acción Institucional, Emilio Castro, quien calificó de "tardío e insuficiente" el programa diseñado por el Gobierno.

UGT propone construir 50.000 viviendas para alquiler en los próximos diez años, lo que supondría contar con un parque de 1.900.000 pisos para el año 2000. De esas viviendas, 20.000 corrrían a cargo de promotores públicos, con un coste estimado de 420.000 millones de pesetas en el primer cuatrienio.

Otra propuesta destacada del plan ugetista es la fijación de subsidios personales para el alquiler de pisos, de manera que para los inquilinos con menores ingresos el alquiler no represente más del 20 por ciento de sus ingresos.

UGT aboga también por la penalización de la retención de viviendas vacías, cuyo número estima en un 14 por ciento del parque, y el aumento de las ayudas parala rehabilitación de edificios.

Reclama igualmente ventajas fiscales y préstamos especiales para las promotoras privadas en cooperativa o sin ánimo de lucro, con plazos de amortización de entre 30 y 40 años y tipos de interés al 6 por cien.

LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

Por lo que se refiere a la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, UGT es partidaria de situar en cinco años el periodo mínimo de duración de los alquileres y que las subidas anuales de los contratos no sean superiores al IPC.

El sindicato socialista considera que este plan debería ser consensuado con las administraciones públicas, cuyos presupuestos sólo destinan el 7 por ciento de las ayudas totales a la vivienda.

Emilio Castro criticó el plan de vivienda del Gobierno, al que calificó de "tardío e insuficiente" y acusó al Ejecutivo de "haber avisado a los especuladores" al anunciar una nueva ley de arrendamientos y dejar un amplio margen de tiempo para que los inquilinos puedan ser expulsados si se niegan a pagar alquilers más altos.

En su opinión, el problema de la vivienda debe ser tratado como un "asunto de Estado" y, si es necesario, aumentar el déficit público para resolver las dificultades que grandes sectores de la población tiene para acceder a un piso en alquiler o en propiedad.