UGT reclamará también el desarrollo de la ley dl control sindical de los contratos en todos los convenios suscritos por la Administración, a fin de "multiplicar su eficacia y poner freno a la precarización".

Para UGT, las previsión de inflación del Gobierno para este año, del 5 por ciento, constituye "un auténtico disparate, ya que no creemos que el comportamiento del IPC de 1991 difiera mucho del que tuvo durante el pasado ejercicio".

La Federación de Servicios Públicos de UGT sólo esta dispuesta a aplicar una "política salarial flexible quepermita rebajar el objetivo salarial ante un compromiso efectivo y cuantificado de crear empleo adicional".

Murillo explicó que su sindicato mantiene contactos con CCOO para lograr la unidad de acción de ambas centrales tanto en la negociación colectiva como en la petición al Ejecutivo para que afronte una reforma de la Administración Pública.

"La unidad de acción de CCOO y UGT en la Función Pública", añadió, "no debe reducirse a las reivindicaciones del próximo convenio, sino que debe servir par arrancar del Gobierno un compromiso de reforma de la Administración mediante la creación de un Estatuto de los empleados públicos, lo más parecido posible al Estatuto de los Trabajadores".

A su juicio, dicho estatuto tendría que recoger "los derechos y deberes de los trabajadores de la Función Pública, sus vías de acceso y promoción a la carrera administrativa, así como fijar las garantías necesarias para que los acuerdos de la mesa de la función pública se cumplan".

"Se da la circunstancia", agegó, "de que cuando hay acuerdos con el Gobierno, no disponemos de un mecanismo de arbitraje que asegure su cumplimiento".

Otro de los aspectos que requieren una reforma inmediata, según Murillo, es la normativa de elecciones sindicales, que obliga a los sindicatos a realizar dos comicios en paralelo dentro de la función pública, "ya que los funcionarios y los laborales tienen que elegir a sus delegados por separado, cuando se trata de elegir a las mismas personas".