En el escrito, el sindicato califica de "alucinante que se tomen decisiones políticas ara tapar la boca a un colectivo que grita", y asegura que la Junta de Puertos demuestra, con esa medida, estar en contra del progreso, "el cual siempre genera riesgo y peligro".

La iniciativa fue del Ayuntamiento de Cádiz, ante las quejas de diversos grupos ciudadanos y las informaciones publicadas en la prensa regional, que denunciaron el tráfico por la ciudad de sustancias peligrosas, como tetracloruro de titanio y mezclas antidetonantes, con destino a Huelva, o uranio enriquecido para centrales nuleares.

Para acceder al puerto, las mercancías realizaban un recorrido de varios kilómetros por zonas densamente pobladas, en las que existen colegios e industrias como Campsa, astilleros y estaciones de servicio, produciendo además un grave perjuicio para el tráfico viario.

El acuerdo del organismo portuario provocó que la empresa transportista de esas sustancias, Tioxide España, adoptara la decisión de efectuar el trasporte por el puerto de Algeciras, lo que supone una pérdida de 20 mil tonelads de mercancía para el puerto de Cádiz.