UGT destacó en una nota que entre los aspectos "más destacables de esta iniciativa" se encuentran "el elevado número de presentación de solicitudes, más de 600.000", el acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos para su desarrollo y el ligar la regularización al contrato de trabajo.

No obstante, el sindicato aclaró que siempre ha mantenido que él éxito de este proceso no depende de la cifra, "sino de la calidad de los empleos regularizados".

En este sentido, aseguró que "sobre las más de 600.000 solicitudes presentadas habrá de valorarse, una vez resueltas y comunicadas, el número de altas en Seguridad Social y de tarjetas de identidad expedidas", destacó UGT.

La central sindical advirtió que dentro de un año a la hora de renovar las autorizaciones será preciso realizar una valoración de la estabilidad laboral y administrativa conseguida con el proceso.

"Igualmente habrá de requerirse a aquellos empresarios y empleadores que no han hecho efectivas las altas en Seguridad Social, las razones de la ausencia de cumplimiento del compromiso adquirido", indicó.

Además, UGT consideró "imprescindible que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuente con los medios materiales y humanos suficientes para abordar el núcleo de la economía sumergida que no ha aflorado a la regularidad".

El sindicato concluyó que "el proceso ha servido para separar a aquellos empresarios que cumplen con la legalidad de aquellos otros que no han aprovechado esta oportunidad, y contra quienes se ha de actuar, como siempre debió hacerse, a fin de hacer cumplir la ley".