En un comunicado de prensa, UGT advierte al Gobierno que ha olvidado que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, de la que España es firmante, prohíbe expresamente extraditar a un refugiado a países donde "su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas".

A juicio de la central sindical, el proyecto de Ley supone un notable retroceso en un pís que, como España, ha venido endureciendo notablemente en los últimos años, no sólo las posiblidades de acceder al asilo, sino incluso la admisión de solicitudes.

Los datos facilitados por UGT indican que en 1996, de un total de 3.476 solicitudes de asilo, 2.119 ni siquiera fueron admitidas a trámite. Del total de admitidas, tan sólo 143 fueron resueltas favorablemente, lo que supuso la concesión de asilo a 243 personas, apenas el 5 por ciento de los solicitantes.

El sindicato socialista exige a retirada del proyecto de ley y considera que es un peligroso antecedente desoír los dictámenes desfavorables del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que califican algunos artículos como inconstitucionales.