El Consejo de Ministros, a través de la ley de acompañamiento a los Presupuestos del Estado del 2000, introdujo agunos cambios en la regulación del contrato a tiempo parcial de los trabajadores fijos discontinuos, acordados con CCOO y los empresarios, como la posibilidad de que en los convenios sectoriales se establezcan límites de jornada para estos contratos superiores al general, que es del 75% de la jornada completa.

En una rueda de prensa ofrecida hoy, tras una reunión urgente con los responsables de las federaciones de UGT de la Tierra, Alimentación, Hostelería y Transportes, sectores en los que se concenta el mayor número de trabajadores fijos discontinuos, Ferrer acusó al Gobierno de romper el acuerdo que suscribió con UGT y CCOO en 1998 sobre el trabajo a tiempo parcial, de relevo y fijo discontinuo, y de violar el decreto ley que posteriormente reguló estos contratos.

Ferrer lanzó también duras críticas contra CCOO por apoyar estos cambios, y pidió a este sindicato que sea leal y respetuoso con los acuerdos que firma, al tiempo que denunció que CCOO ha mantenido un comportamiento "plenamente oscuratista" en este asunto.

Las medidas aprobadas por el Gobierno, a juicio de Ferrer, son "un acto de desafuero a la legalidad" y recogen las propuestas de los empresarios que concentran el mayor fraude en la contratación. Según UGT, las encuestas oficiales apuntan a que hay unos 125.000 trabajadores fijos discontinuos, cuando el potencial llega a 650.000, lo que demuestra que hay un fraude en la contratación porque se hacen contratos temporales que deberían ser fijos.

Para Ferrer, la "tropelía" del obierno supone, además, un "hurto" a los derechos de los trabajadores, ya que suprime "de un plumazo" la seguridad que tenían los trabajadores fijos discontinuos sobre el inicio y la finalización de sus trabajos y la jornada, que, según la ley, debía concretarse diaria, semanal y mensualmente.

En su opinión, con estas medidas el Gobierno protege "el fraude y la economía sumergida" y favorece a los empresarios, que podrán negociar en los convenios una jornada superior a la general y disponer del trabajdor cuando quieran. De esta manera, según Ferrer, se consagra una modalidad de trabajo del siglo XIX, "el contrato a la llamada", y los trabajadores fijos discontinuos estarán en peor situación incluso que los empleados temporales.

Ferrer, que acusó al Gobierno de "burlar" al Consejo Económico y Social (CES), al no haberle consultado, y de "hurtar" el debate parlamentario, advirtió que UGT no se quedará sólo en la denuncia, y que el sindicato reaccionará contra estas medidas y recurrirá al Parlamentoa los grupos políticos para que defiendan la regulación actual.

Explicó que su sindicato está estudiando respuestas jurídicas contra estas medidas, ya que creen que puede violar los artículos 34 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, que hacen referencia a la jornada y el tiempo de trabajo y a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Ferrer anunció también que la próxima semana decidirán medidas contra estos cambios.