Fontecha, que intervino en una Jornada sobre el Sistema Nacional de la Dependencia, organizada por la empresa de asistencia familiar Alares, advirtió de que "lo peor que le podría pasar a esta ley es que se conviertiera en una mera entrega de prestaciones económicas".

Tras equiparar la importancia del Sistema de Dependencia a la del educativo o a la de la Seguridad Social, mostró su deseo de que la nueva ley tenga la "vocación de estar incluida en los Presupuestos Generales del Estado" y que cuente "con una cotización fiscal de carácter específico".

Fontecha aseguró que desde su sindicato se apuesta por una oferta pública y privada de servicios relacionados con esta ley y mostró su total apoyo a la profesionalización de las personas que prestan de forma directa la ayuda. "Esta ley no puede servir para dar de alta en la Seguridad Social a la persona que nos limpia la casa para que, de paso, nos cuide a la persona dependiente", sentenció.

A su vez, indicó que debería definirse el modelo que prime en esta ley. Fontecha aseguró que nos enfrentamos a dos opciones: por un lado definir el modelo y lo que nos cuesta y ver si estamos dispuestos a pagarlo; o por otro, adecuarnos a los recursos de los que disponemos para poner en marcha un modelo.

Una de las mayores dificultades que presenta, en opinión de Fontecha, la aplicación de la Ley de Dependencia, es la "consolidación de un sistema nacional de derechos en términos de equidad" en aquellas competencias que están transferidas a las comunidades autónomas.

En este sentido, calificó de "esencial" la adopción de un sistema de valoración común de las situaciones de dependencia para todo el Estado y afirmó que "no será posible" la implantación efectiva de la ley "si comunidades y Estado no aportan los fondos necesarios".

"CONFIGURA UN DERECHO"

Por su parte, el director general del IMSERSO, Ángel Rodríguez Castedo, afirmó que la Ley de Dependencia nace como respuesta a las nuevas necesidades sociales. "Existe la conciencia social de dar solución a los problemas de esta nueva realidad. Esta ley configura un derecho y crea un sistema nacional", afirmó Castedo,

Castedo aseguró que el impacto de la nueva ley será enorme en muchos aspectos. "Se crearán unos 300.000 puestos de trabajo, infraestructuras, se invertirá en la formación de profesionales, cerca de un millón y medio de familias van a ver que no están solas y se va a hacer un esfuerzo económico ingente, que también tendrá su retorno", afirmó.

Asimismo, aseguró que sería "un gran error enturbiar un gran proyecto" acercándose al mismo con "estrechez de miras", y añadió que los políticos deberían apoyar la ley "sin mirar qué partido la ha promovido". "Si hace unos años alguien nos hubiese dicho que algo parecido a esta ley iba a existir, hubiésemos dicho: '¿dónde hay que firmar?'", apostilló.

En lo relativo a los números de la ley, Castedo, que mostró su deseo de que la nueva norma se apruebe antes de las vacaciones estivales, afirmó que se van a destinar más de tresbillones de las antiguas pesetas para articular este sistema de protección que en su fase de pleno funcionamiento tendrá un volumen económico equivalente al 1% del PIB.

El punto de vista de la patronal fue aportado por la directora del Área de Seguridad Social y Prevención de riesgos Laborales de la CEOE, Pilar Iglesias, que afirmó que esta ley surge para dar respuesta a la nueva realidad social conformada por el envejecimiento de la población y la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Iglesias afirmó que actualmente "existen notorias desigualdades entre las prestaciones dadas por las distintas comunidades autónomas" y enumeró las cuestiones más importantes para los empresarios en el marco de la negociación con el Gobierno.

Citó como prioridades que esta ley articule un derecho universal a la atención a través de la prestación de servicios, que se articule un sistema de aplicación progresiva en el tiempo, que sea un sistema equitativo y que garantice la corresponsabilidad del Estado, las comunidades autónomas y el sector privado.