Señaló que la apertura de estas negociaciones no debe suponer que la patronal se arrogue "el derecho de veto" en esta cuestión. "En cualquier caso habría que legislar", aseveró.

Méndez explicó, en rueda de prensa, que, en cualquier caso, el Ejecutivo debería aprobar "con urgencia" una normativa que homogeneice e incentive este proceso. Recordó que en numerosas comunidade autónomas y ayuntamientos ya se están introduciendo medidas en este sentido, por lo se debe poner orden.

En su opinión, en la próxima legislatura hay tiempo suficiente para implantar las 35 horas. Recordó que la anterior reducción de jornada (a 40 horas) se acordó en 1980 y quedó plenamente aplicada en 1983.

El líder de UGT insistió en que el diálogo social tiene que ser el marco para que la patronal y los sindicatos lleguen a un acuerdo interconfederal sobre este asunto, lo que se traduciría enun considerable beneficio en términos de creación de empleo.

LEYENDA NEGRA

Cándido Méndez atribuyó a una "leyenda negra" que se está propagando "interesadamente" los supuestos perjuicios que la implantación de la reducción de jornada está teniendo en Francia. Recordó que hasta el año 2002 la ley no entrará plenamente en vigor, por lo que no se pueden anticipar sus consecuencias.

En la rueda de prensa también estuvo presente el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, quien aseguró que la patonal está "encerrada en una posición dogmática", como demostraron las negociaciones sobre reordenación de tiempo de trabajo, que fracasaron en esta legislatura.

Según su versión, el único propósito de la CEOE en esta ocasión fue avanzar en flexibilidad laboral, pero "sin contrapartidas". En su opinión, tanto la patronal como el Gobierno se han quedado aislados en este debate, como han demostrado los numerosos acuerdos sobre reducción de jornada alcanzados en convenios colectivos, comunidades autónomasy ayuntamientos.

UGT calcula que estos acuerdos que incentivan la reducción de jornada ya afectan al 50% de los trabajadores ocupados. La conclusión de Ferrer es que el Gobierno está haciendo "un ejercicio de apriorismo ideológico" cuando niega que de esta forma se vaya a favorecer la creación de empleo.