Su secretario confederal, José María Zufiaur, manifestó hoy en rueda de prensa que UGT está dispuesta aexplorar todas las vías de negociación, pero partiendo de la firme decisión de "no firmar el finiquito de ninguna de las reivindicaciones del 28 de mayo sin que queden suficientemente satisfechas".

Zufiaur y otros miembros de la cúpula directiva de UGT que también comparecieron ante los medios de información urgieron al Ejecutivo a poner en marcha sin demora la Ley de Salud Laboral, el Consejo Económico y Social, y el acuerdo sobre formación profesional en las empresas ya pactado entre los sindicatosla CEOE.

Este último acuerdo está pendiente de fijar las aportaciones respectivas de las empresas y el Ministerio de Trabajo, para que sigan cobrando su salario los empleados que soliciten permisos individuales con el fin de obtener algún título académico.

El responsable de formación de UGT, José Manzanares, recalcó la importancia de poner en marcha cuanto antes este acuerdo "teniendo en cuenta que, en España uno de cada dos trabajadores sólo tiene estudios primarios y una buena parte son analfaetos funcionales".

Recordó que, a traves de las cuotas de formación profesional que pagan los trabajadores (0,1 por ciento de su salario) y los empresarios (0,6 por cien), se obtienen anualmente alrededor de 100.000 millones de pesetas, que es necesario emplear adecuadamente para potenciar la preparación de los asalariados.

NO RENEGOCIAR

Por otra parte, la dirección de UGT se reunirá próximamente con la de CCOO para estudiar las medidas de respuesta a adoptar en el caso de que el Gobierno supria la autorización administrativa previa de los expedientes de regulación de empleo.

Los dirigentes de UGT advirtieron que se opondrán a "renegociar sobre lo ya negociado", por lo que el diálogo a partir de setiembre debería centrarse, a su juicio, en la reforma de las modalidades de contratación, el reparto del empleo, la reforma del INEM y las cuatro reivindicaciones del 28 de mayo.

Zufiaur también criticó la elevación de las retenciones del IRPF que prepara el Gobierno y dijo que la política ecnómica del Gobierno, al igual que la propugnada por la CEOE, se basa en "culpabilizar a los trabajadores y los sindicatos de todos los males".

Los dirigentes ugetistas hicieron hincapié en que, en principio, no quieren ser "optimistas ni pesimistas" ante la negociación con el Gobierno, pero señalaron que el Ejecutivo entiende el diálogo social "por decreto", y más por razones de imagen que de convencimiento.

Se refirieron también a las propuestas de la CEOE para reactivar la economía, basadas en a flexibilización del despido y el recorte de gastos sociales, e indicaron que "se trata de pedir más de lo mismo que propone el Gobierno".