Y es que "se trata de una forma de prevenir un posible aumento de la migración desde los nuevos países comunitarios hacia los que ya eran integrantes de la Unión, especialmente migración de trabajadores a los que se les pudiera imponer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas por la normativa", explicó UGT a través de un comunicado.

España permitió la libre circulación desde mayo de 2004 a los nacionales de Chipre y Malta, y se fijó un periodo transitorio de dos años a los ocho países restantes (Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Hungría).

UGT considera "adecuada la decisión del Gobierno de eliminar las restricciones a la libre circulación de trabajadores, ya que no ha tenido consecuencias negativas para el mercado laboral español, y porque consideramos que la integración europea no será real hasta que exista la libre circulación".