A su juicio, es preciso un plan basado en un "crecimiento cualitativo"de la economía, la formulación consensuada de una política industrial, la generación de empleo, el aumento de la protección social, la mejora del nivel de vida y la protección del medio ambiente.

Para UGT, toda la política económica del Gobierno hace agua, ya que se han derrumbado "con estrépito" las previsiones de crecimiento, empleo, inflación y déficit público, han aumentado los tipos de interés y, tras el ajuste presupuestario, "también se incumple el objetivo de no incrementar la presión fiscal". El comunicado señala que la negativa de la mayoría de países comunitarios a incluir el Fondo de Cohesión en los presupuestos comunitarios del 93 pone de manifiesto que el programa de convergencia del Gobierno "ha nacido muerto, por basarse en previsiones totalmente desvinculadas de la realidad".

En relación con este fondo, el Gobierno español espera obtener el 60 por ciento de su dotación, que es de 10.000 millones de ecus para sus primeros cinco años, según lo aprobado en la cumbre de Maastricht

Eso supondría que España se quedaría alrededor de 780.000 millones de pesetas, mientras que el resto, unos 520.000 millones, correspondería a los otros tres países beneficiarios: Grecia, Portugal e Irlanda.

Estas previsiones fueron realizadas el pasado 20 de mayo por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado. Sin embargo, el ministro ya recalcó entonces que, aunque los países beneficiarios quieren que el fondo se ponga en marcha en 1993, el compromiso adquiido en Maastricht habla del 1 de enero de 1994.

Para UGT, la resistencia de los países comunitarios más ricos a aplicar el fondo evidencia que los planteamientos solidarios "encuentran crecientes dificultades de aceptación por los países económicamente más fuertes que, ante las dificultades, optan por políticas egoístas y centradas en sus intereses nacionales".