Para el sindicato, es “una medida necesaria, que debería haberse aprobado antes y, por tanto, debe entrar en vigor de manera inmediata”. A su juicio, “evitará la contaminación del precio de la electricidad por la subida del gas, reducirá el precio de la energía y aliviará la economía de los consumidores más vulnerables, de las familias, de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos y de la industria”.

“Ante el futuro escenario de fuerte volatilidad y subidas del precio del gas, permitirá la seguridad del suministro y, además, frenará la tendencia alcista del IPC”, añadió el sindicato.

Además, destacó que tendrá un “efecto inmediato” para los consumidores del mercado regulado que tengan contratado el PVPC, a los que les va a suponer un ahorro entre el 20% y el 40%, dependiendo del consumo de cada hogar. En el mercado libre, el efecto será progresivo, conforme se adecuen los contratos con la revisión anual, y dependerá de la decisión de cada comercializadora.

Pese a esta valoración, UGT lamentó que el tope fijado se haya incrementado respecto a la propuesta inicial de 30€ MW/h y sostuvo que “todavía hay margen de actuación, ya que es necesario desarrollar un nuevo modelo energético sostenible económico, social y medioambiental, modificar los límites tarifarios, y corregir el modelo de subasta marginalista por el que se pagan las energías más baratas al precio de las más caras”.