En una nota hecha pública por UGT, el sindicato señala que el Gobierno se empeña en agilizar las expulsiones al país de origen, pero no afronta las causas de este fenómeno ni resuelve la situación humanitaria vergonzante de los centros de retención.

Por este motivo, UGTdemanda la intervención de las instituciones europeas, Naciones Unidas y de las organizaciones humanitarias internacionales en un problema que el Gobierno español se muestra incapaz de resolver.

El Gobierno anunció la puesta en marcha hoy mismo de un Plan de Emergencia para Canarias, que consiste en trasladar a 1.000 inmigrantes marroquíes a la península para posteriormente, y desde Melilla, devolverlos a Marruecos.

Según UGT, la propuesta del Gobierno se centra exclusivamente en la materia de exranjería, y así lo demuestra el anuncio del incremento de los funcionarios y de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el único objetivo de agilizar las expulsiones y las devoluciones al país de origen.

UGT en Canarias hizo público un informe sobre la situación en el archipiélago, situación que tiene importantes repercusiones sociales y humanitarias, ya que el hacinamiento en los distintos centros de retención está acompañado por la falta de una adecuada asistencia sanitaria social y jurídica.

El Plan de Emergencia del Gobierno propone actuar exclusivamente sobre el volumen de inmigrantes presentes en las islas, pero obvia cualquier medida que afronte las causas de este fenómeno y que resuelvan la situación humanitaria vergonzante de los centros de retención.

Por ello, el sindicato reclama la atención de las instituciones europeas (Parlamento, Comisión Europea), Naciones Unidas y organizaciones humanitarias internacionales ante la falta de medidas adecuadas por part del Gobierno español.

UGT considera esta medida una nueva demostración de la falta de previsión y coherencia de la política de inmigración del Gobierno, centrada obsesivamente en el control y carente de cualquier consideración social y laboral.

En este sentido, el sindicato recuerda que el Contingente de trabajadores extranjeros ha sido mal utilizado por el Gobierno. Por ello, junto con CCOO, ha solicitado la paralización del inicio del Contingente 2003 en tanto no se produzca una valoración de os resultados del 2002 y se retome la necesaria participación de los interlocutores sociales, que han sido excluidos por el Gobierno de este proceso.