Para UGT, este es el resultado de un plan que puede quedar en papel mojado porque carece de compromisos reales, no obliga a su cumplimiento y nace sin tener en cuenta la opinión de los agentes sociales, ya que sindicatos y empresarios, únicos interlocutores adecuads para abordar cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, no han participado en el diálogo abierto para elaborar dicho plan.

A juicio de UGT, el plan no se ha sometido a consulta ni a negociación con los agentes sociales, a los que únicamente se les ha remitido un borrador consensuado entre Gobierno y organizaciones de personas con discapacidad.

El Plan presentado por el Gobierno persigue cuatro objetivos fundamentales: desarrollar un sistema de protección integral a las personas con graves dscapacidades y a su familias; promover la inserción laboral de las personas con discapacidad; conseguir la plena accesibilidad de todos los edificios, servicios y tecnologías; y garantizar la igualdad de todas las personas con discapacidad en el acceso a las prestaciones y servicios sociales.

UGT considera que se debe velar para que el Plan se cumpla y las actuaciones y medidas propuestas no se establezcan meramente de una manera indicativa. Según establece el propio Plan, para que las medidas incluids en las líneas de actuación sean desarrolladas y aplicadas, es necesario que sean asumidas y aceptadas por el organismo competente, y a su vez sean dotadas presupuestariamente. Basta con que estas líneas no se asuman, para que tengamos un plan que no sólo esté vacío de contenido sino también de compromisos, afirma.

En general, según UGT, las medidas van encaminadas hacia distintas regulaciones laborales, tales como el impulso del teletrabajo, regulación de los enclaves laborales, acceso condicionadolas prestaciones vitalicias de invalidez, potenciación de marcos de diálogo en materia de empleo público, desarrollo I+D, adecuación de subvenciones... medidas, todas ellas, que sin un control efectivo y una dotación económica no sólo no serían efectivas, sino que no llegarían a implantarse.

Finalmente, considera conveniente que se establezcan criterios de evaluación y seguimiento de las políticas para poder determinar su eficacia. Es importante que se analicen según el grado de discapacidad para disoner de unos indicadores en los que se ponga de manifiesto el cumplimiento de la legislación en materia de discriminación y así poder adaptar o readaptar las políticas al grado de discapacidad analizando si a una mayor discapacidad existe mayor grado de discriminación, concluye.