El dirigente ugetista, delegado de los trabajadores españoles ante la asamblea de la IT, reconoció que en los últimos años se ha producido en España una extensión de la protección social, pero señaló que ha sido a costa de reducir la "intensidad protectora del nivel de solidaridad o contributivo, con cuyas cotizaciones sociales se financia en parte el nivel universal".

Bonmatti señaló varios convenios internacionales de la propia OIT que el Gobierno de Felipe González no ha suscrito, como es el caso del que hace referencia al fomento del empleo y protección contra el desempleo, el de ejez, invalidez y sobrevivientes.

A su vez, comparó los criterios de la propia OIT con los seguidos por el Ejecutivo socialista y señaló que frente a las recomendaciones del organismo laboral internacional de permitir la presencia de las centrales sindicales en la gestión o administración de la Seguridad Social, en España "raramente nuestras opiniones son tenidas en cuenta".

El representante sindical insistió en la crítica de las centrales españolas sobre los recortes de las prestaciones por desepleo aplicadas por el Gobierno, y señaló que es precisamente el exceso de precariedad de los contratos laborales el que motiva un aumento desmesurado del gasto social por protección del paro.

También hizo referencia a la alternativa planteada por las autoridades laborales de potenciar los contratos a tiempo parcial, y señaló que si se hace un uso indebido de esta modalidad acabará existiendo en el país una precariedad aún mayor de la actual, que abarca a un 40 por cien de los asalariados del sector prvado y el 35 por cien con menos de un año de antigüedad en el empleo.

Además, advirtió que la nueva modalidad con la que se pretende dar salida a la creación de empleo neto puede convertirse en un instrumento de segregación social, puesto que un 70 por cien de las personas que trabajan en estas condiciones son mujeres, y están en actividades la agricultura, la hostelería y los servicios personales, domésticos o de limpiezas.

"En definitiva", dijo Bonmatti, "a través de este mecanismo se está tambén ahondando en unas peores condiciones de trabajo", al tiempo que recordó el escaso salario que perciben los trabajadores a tiempo parcial.

El fomento de estos contratos, añadió, debería ir acompañado de un escrupuloso control público sobre su utilización "y unos niveles salariales que no supongan una puerta de acceso a la marginación. En nuestro país no se dan casi ninguna de estas condiciones".