UGT denunció en un comunicado que "sólo la voracidad del sector privado, su ambición sin límites y sus ansias de depredar definitivamente todo lo público del sector audiovisual, pueden explicar tantas objeciones y descalificaciones".

Para el sindicato, esta adquisición de derechos cumple con lo establecido en la legislación sobre retransmisiones de interés público, y "es vergonzoso que se produzca de nuevo este desprecio a los legítimos derechos y deberes de la televisión pública cuando nuestra empresa viene haciendo un esfuerzo que a veces raya en lo injustificable para proteger aún más el que ellos siempre reclaman, un trozo de tarta cada vez más grande".

UGT cree que "por muchos argumentos económicos que se inventen para tildar esta inversión de 'despilfarro del dinero público', resulta obvio que su reacción sólo responde a que con ello tienen que renunciar a unas jugosas ganancias".