Para UGT, el procedimiento seguido para este cambio (el decreto) confirma su temor de que la modernización de las administraciones públicas se va a hacer "hurtando la participación de los agentes sociales y de los representantes de los empleados públicos, recientemente elegidos".

UGT ha denunciado ante la Internacional de Servicios Postales, Telégrafos y Telecomunicaciones "la quiebra del modelo de servicios públicos postales y la tendencia sostenida haciala privatización de aquellos que pudieran ser rentables".

En su opinión, esta decisión contradice el texto del acuerdo recientemente firmado por la Dirección General de Correos con los sindicatos CCOO y ELA-STV para la reforma del servicio postal, en el que se subrayaba la necesidad de generar "un clima laboral de normalidad".