Regularizar la situación de los trabajadores extranjeros es uno de los objetivos de UGT. Considera el sindicato que los trámites burocráticos marcados por la actual Ley de Extranjería impiden la normalización social, porque los papeles no llegan nunca a tiempo. Así, pueden pasar más de dos meses para que se conceda un permiso de tres meses de estancia.

La actual campaña puede ser especialmente conflictiva por la escasez de la cosecha, además de la gran expectativa que h suscitado ese anuncio del Gobierno Español de que habrá un cupo de 20.000 trabajadores extranjeros.

El sindicato UGT instalará en Zaragoza, concretamente en la estación de El Portillo, una oficina de información de temporeros agrícolas. "Se informará sobre las distintas posibilidades de trabajo que hay en las comarcas, sobre los medios de locomoción y transporte y canalizaremos a los trabajadores hacia los servicios de asistencia social", ha explicado José Angel Oliván, representante de este sindicat.

La situación de los ilegales es la que más problemas suscita. Precisamente porque su condición de trabajadores sin papeles permite todo tipo de abusos y da lugar a los mayores conflictos. Según UGT, lo ocurrido el año pasado en Fraga, donde un grupo de jóvenes vecinos de la localidad apalearon a seis magrebíes, tuvo mucho que ver con la falta de papeles.

Precisamente el abogado de los jóvenes supuestamente implicados en el apaleamiento de estos magrebíes en la localidad fragatina, hace ahora unaño, ha pedido la libre absolución de los acusados. El letrado niega la participación de sus defendidos en los hechos y dice que son inocentes.

Por otra parte, tanto el representante del Ministerio público como el abogado de la acusación particular solicitan penas de cuatro años de prisión menor para quince de los jóvenes fragatinos que aparecen en el proceso como presuntos autores de un delito de lesiones. La acusación particular reclama además un millón de pesetas de indemnización para cada uno de ls seis magrebíes agredidos. La acusación popular, representada por varios sindicatos y colectivos sociales, solicita seis años de prisión para cada uno de los quince jóvenes encausados.