En un comunicado, UGT criticó que se haya eliminado del proyecto la posibilidad de calificar a la vivienda protegida (VPO) como tal durante toda su vida útil, así como la marcha atrás dada por el Ejecutivo a la hora de crear registros de demandantes de carácter estatal para combatir la especulación en este mercado.

A este respecto, el sindicato reclama mayor intensidad en las ayudas directas a la compra y, sobre todo, al alquiler para aquellas familias y colectivos más desfavorecidos, como los jóvenes, así como coordinación entre las diferentes administraciones.

Finalmente, UGT pide que se aumente la reserva de suelo público para la promoción de vivienda protegida (en propiedad y alquiler), la construcción de 100.000 viviendas nuevas para reforzar el mercado de arrendamiento y ayudas para la rehabilitación y para la adaptación de viviendas a personas mayores o discapacitadas, entre otras medidas.