Según Aguilar, en ese pueblo hay inmigrantes que no pueden participar en la campaña de recogida de los ajos, porque carecen de contrato al no ser legales, y otros que, teniendo contrato, "carecen de alojamiento digno".

"En la Unión General de Trabajadores haproducido una indignación el hecho de que el delegado del Gobierno, con su comportamiento, ponga en peligro la convivencia pacífica. Lo que tienen que hacer es resolver la situación no por la vía de la exclusión, sino por la de la atención razonable a toda esa gente", añadió.

Para Aguilar, "hoy por hoy, existen algunos empresarios 'pistoleros' que buscan tener a 2 ó 3 trabajadores, bien dóciles, por puesto de trabajo para poder elegir y dispuestos a aceptar cualquier condición de trabajo que se le ofrzca, algo que no debe ser así y para solucionarlo lo único que se pide es mayor implicación del Gobierno".