En declaraciones a Servimedia, el secretario federal de UGT del Sector Postal, José Manuel Sayagués, dijo que se trata de "un seguimiento bastante alto", si bien precisó que mientras en algunos municipios el seguimiento es del 85%, en otros no supera el 30%.

Según Sayagués, el respaldo a la huelga es más bajo allí donde hay mayores tasas de trabajadores eventuales, ya que éstos "son los más vulnerables a las presiones".

Desde UGT denunciaron "coacciones" a los trabajadores para que no secunden los paros, que, según el sindicato, van desde rescisiones de contrato hasta descuentos abusivos en los salarios por secundar la huelga.

El responsable de Correos de UGT apuntó que hay un gran número de oficinas que permanecen cerradas debido al amplio seguimiento de la huelga y la falta de servicios mínimos, por la negativa de Correos a negociarlos.

Este es el caso, indicó, de la mayoría de oficinas de la Bahía de Cádiz y la comarca de Jerez, así como de Palma de Mallorca en la Sucursal 5 del Polígono Industrial y de Ibiza, en donde San Antonio, Santa Eulalia y Sant Jordi han cerrado por haber seguido el paro todos los empleados.

Las localidades de Mondariz y Salvatierra, en Pontevedra, también han registrado un seguimiento del 100%. En Madrid, la Unidad de Urgentes USE-36 que da servicios a los juzgados está paralizada totalmente, dado que todo el personal secunda el paro, dijo Sayagués.

Los convocantes, UGT y el Sindicato Libre de Correos, piden un incremento retributivo y la eliminación de los desajustes salariales provocados por el aumento de la polivalencia del personal que no ha visto recompensadas sus nuevas responsabilidades, entre otras cosas.

Estos sindicatos solicitan además la negociación de un nuevo sistema de acceso al empleo en Correos, que garantice la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades de los aspirantes.

Por otra parte, denunciaron que se está incumpliendo la obligación de aplicar el Plan de Evaluación y Fijación de Necesidades y la Relación General de Empleos.

Por último, pidieron conocer la posición del Gobierno español respecto a la Directiva Postal de liberalización del mercado postal europeo en su actual fase de tramitación, así como el compromiso de establecer un marco de diálogo y negociación con la representación sindical sobre la transposición de dicha directiva al marco normativo español, que derivará en una Ley Postal.