El sindicato apuntó que la “mayoría” de las medidas venían siendo reivindicadas desde “hace tiempo” por UGT y se dirigen a dos ámbitos “imprescindibles” para que el coste de la crisis energética e inflacionista “no recaiga sobre los trabajadores, su capacidad adquisitiva y no repercuta negativamente en el consumo interno”.

Sobre el impuesto a las empresas energéticas y la banca, UGT afirmó que son medidas “muy importantes y positivas, que inciden en una vía que ya están aplicando otros países europeos en distintos formatos”.

Para el sindicato, cumplen dos propósitos, que son “obtener más ingresos para financiar las necesarias ayudas que se han adoptado y mejorar la justicia de los esfuerzos, que hasta ahora recaen de manera muy mayoritaria sobre los trabajadores”. “Falta ahora ver cómo se van a concretar exactamente, y que se tramiten con carácter de urgencia, para que su aplicación se realice cuanto antes”, añadieron.

Acerca de la bonificación del transporte público, UGT subrayó que supone “un alivio importante para los presupuestos de los hogares, sobre todo de aquellos con rentas más bajas, que son los que hacen un uso más intensivo del transporte público”.

Además, su puesta en marcha también tendrá “un impacto positivo en términos de transición ecológica, debido a que favorecerá el uso del transporte público en detrimento de otro tipo de medios de transportes más intensivos en combustibles fósiles”, apuntaron.

No obstante, el sindicato resaltó que es una medida que entraña “una gran desigualdad territorial”, en tanto que “no tendrá el mismo impacto en aquellos núcleos poblacionales o regiones que no disponen de un adecuado desarrollo de sus infraestructuras y servicios de transporte público”, por eso demandaron “otras medidas y ayudas a la movilidad laboral, estudiantil y cotidiana”.

En materia de vivienda, se anunció del desbloqueo de la Operación Campamento conllevará la construcción de 12.000 viviendas en Madrid, de las cuáles un 60% serán de titularidad pública. Para UGT, se trata de una medida “positiva”, ya que “facilitará el acceso a la vivienda en un territorio que sufre desde hace años una fuerte burbuja de precios”.

No en vano, incidieron en que “se trata de una solución parcial” y pidieron “la aprobación urgente de una Ley de Vivienda que incorpore un plan ambicioso de consolidación de parque público de viviendas, a fin de ofrecer una solución efectiva y extendida a la emergencia habitacional que asola al conjunto del país”.

“En conjunto, se trata de un paquete de nuevas medidas bien dirigido, y cuyo principal valor es que parece que consolida la estrategia de salir de la crisis repartiendo efectivamente los esfuerzo y protegiendo a los más débiles y que menores ingresos tienen”, valoró UGT.

“No obstante, el Gobierno aún puede hacer más para controlar la inflación, actuando de manera más contundente frente al comportamiento especulativo de otros sectores responsables del aumento de precios, impulsando mayor competencia, fijando precios máximos y estableciendo sanciones disuasorias para los especuladores”, concluyó el sindicato.