En declaraciones a Servimedia, Julián Ariza, miembro de la Ejecutiva de CCOO, declaró que es bueno que de vez en uando afloren este tipo de datos, que demuestran que el fraude es mucho mayor entre las empresas que entre los trabajadores. En este sentido, indicó que por cada diez irregularidades de las empresas hay una de los trabajadores.

Ariza aseguró que el fraude en las empresas es "muy superior" al detectado por la Inspección de Trabajo, ya que la mayoría de las visitas que realiza este departamento se hacen a partir de denuncias de sindicatos y trabajadores y en empresas con actividad sindical, de manera qu se inspeccionan pocas empresas en las que no hay representación sindical, en las que existe una mayor desprotección de los trabajadores.

Para Ariza, los datos de la inspección demuestran que "muchos empresarios tienen una adecuada conciencia social y fiscal, pero probablemente hay más que no la tienen, lo cual es extraordinariamente grave, no sólo para los trabajadores, sino también para el sistema de la Seguridad Social, que tiene problemas de financiación".

Ariza se refirió también a las irreglaridades detectadas en materia de prevención de riesgos laborales, y urgió a la aprobación definitiva y la puesta en marcha de la nueva ley de salud laboral. Insistió en la necesidad de establecer mecanismos que den más énfasis a la prevención que a la sanción.

El responsable de CCOO destacó la necesidad de adoptar medidas de control "mucho más rigurosas" para atajar el fraude y las irregularidades en materia de empleo y Seguridad Social, y pidió una mayor participación de los sindicatos y trabajadors en ese control, porque "los datos demuestran que donde existe una mínima participación de los sindicatos es donde más fraude existe".

TOMAR MEDIDAS

En los mismos términos se expresó el secretario de Acción Institucional de UGT, Pedro Díaz Chavero, quien declaró a esta agencia que los datos de la inspección "confirman lo que los sindicatos vienen diciendo desde hace mucho tiempo, que existe una enorme bolsa de fraude, no sólo en la Seguridad Social, sino también fiscal, que impide que los ingresos el Estado sean los adecuados y que el déficit público se pueda abordar".

A su juicio, es "correcto" que el Ejecutivo haya reconocido la existencia de este fraude, pero "creemos que el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para que esto ocurra". Entre estas medidas, Díaz Chavero apuntó la de dotar de mayor eficacia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

También propuso un endurecimiento de las sanciones a las empresas que incumplan sus obligaciones, así como posibilitar que los sindictos tengan acceso a los documentos de las empresas en los que se reflejan los pagos a la Seguridad Social y al fisco.

"Creemos que los empresarios que no defraudan y tienen al día sus responsabilidades fiscales y sociales estarán de acuerdo con los sindicatos en impedir que estos piratas puedan seguir deteriorando el clima social y fiscal en España", señaló, al tiempo que abogó por que sindicatos, empresarios "honestos" y Gobierno hagan un esfuerzo "para acabar con estas prácticas que van en contra detodos".

Para Díaz Chavero, "es necesario atajar cualquier tipo de fraude". No obstante, dejó claro que el fraude que se produce en materia de empleo y Seguridad Social es mucho mayor entre las empresas que entre los trabajadores.