Según la nueva normativa, la Administración tiene la potestad para trasladar funcionarios dentro del ámbito provincial, mientras que anteriormente esta potestad se limitaba al ámbito del municipio.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Función Pública de UGT, Juan Antonio Gilabert, acusó al Gobierno de "cargarse" la Mesa de la Función Pública al imponer este asunto por vía legislativa urgente.

Además, aseguró ue el Ejecutivo "se ha saltado" su propio borrador de Estatuto de la Función Pública, en el que se contemplaba incrementar la movilidad geográfica, pero respetando la voluntariedad de los trabajadores y pactando las condiciones de los traslados con los sindicatos.

"Es una normativa absolutamente discriminatoria, porque deja a los trabajadores sin defensa", finalizó Gilabert, quien antes recordó que afecta a todos los funcionarios españoles, tanto de la Admnistración central como de las autonómicas.

Por su parte, el portavoz de la Función Pública de CCOO, Jesús Vicente, aseguró que los sindicatos no se oponen a la movilidad de los funcionarios, pero sí al método "impositivo" del Gobierno para ponerla en marcha.

"Hace falta movilidad, pero pactada", dijo a Servimedia, si bien aseguró que se deben respetar los derechos de los trabajadores y pactar los modelos de indemnización con los sindicatos.