Esta es una de las medidas en las que se mostraron de acuerdo los secretarios de Administración de UGT, Sebastián Reyna, y de Organización de CCOO, José Manuel de la Parra, al término del primer encuentro para negociar un paquete de medidas dirigidas a fortalecer organizativa y financieramente ambas centrales.

Reya precisó que UGT no puede variar el precio de la cuota hasta que lo apruebe el próximo Congreso Confederal, que se celebrará en 1994, y en tanto carezca de infraestructura suficiente para efectuar el cobro mediante domiciliación bancaria.

Por su parte, José Manuel de la Parra explicó que CCOO "tiene deliberada esta cuestión desde hace tiempo, y la decisión de cambiar el precio de la cuota, que depende del Consejo Confederal del sindicato, sería posible en cuanto el congreso de UGT lo aprobase".

BENFICIOS FISCALES

Los dos sindicalistas señalaron que esta medida forma parte de una serie de iniciativas que UGT y CCOO van a discutir para mejorar la fuerza e implantación de los dos sindicatos en la sociedad española, para lo que acordaron la creación de nueve grupos de trabajo monográficos.

Esos grupos se encargarán de unificar criterios, con carácter prioritario, en lo que se refiere a la normativa electoral sindical y la entrega del patrimonio sindical que todavía permanece ocupado por organimos del Estado.

También elaborarán propuestas para obtener un mejor trato fiscal; un aprovechamiento más efectivo de las horas sindicales; una mayor participación en las instituciones; y una mayor coordinación en los precios de los servicios prestados por los sindicatos, como asesoramiento jurídico, vivienda, viajes y seguros.

UGT y CCOO también discutirán un nuevo modelo de relaciones laborales entre las dos organizaciones y sus afiliados, basada en un sistema menos centralista que el actual.

En opinión de Reyna y De la Parra, el Gobierno obliga a las centrales a pagar un exceso de 1.000 millones de pesetas al año en concepto de IVA, "que los sindicatos tenemos que abonar a nuestros proveedores de servicios, pero que despúes no podemos descontarnos en el cobro a los clientes, porque somos entidades sin ánimo de lucro".

"Por este motivo", añadieron, "los dos sindicatos coincidimos en que el Gobierno debe tratar a los sindicatos como lo que son, y aplicarle la misma regulación fiscal recogda en la Ley de Mecenazgo, incluidas las bonificaciones fiscales que conlleva".