El colectivo convocado a la huelga está formado por 1,4 millones de funcionarios y empleados públicos de la Administración Central, Autónomica y Local, sin incluir el personal docente, según explicó oy en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Santiago Nieves.

Los sindicatos están dispuestos a aplicar servicios mínimos en la Sanidad (donde la actividad quedaría reducida en alrededor de un 60 por ciento, salvo en urgencias), policía local, bomberos, servicios funerarios y prisiones.

Nieves expresó su confianza en que la Administración demuestre más inteligencia en la negociación de los servicios mínimos que el presidente de la CEOE, José María Cueas, cuyas manifestaciones anunciando el despido de los trabajadores que secunden el paro calificó de "burradas".

El dirigente ugetista explicó que el "decretazo" también afecta a la Administración porque, según sus estimaciones, alrededor de 200.000 trabajadores tienen ya puestos no fijos (incluyendo tanto a los empleados laborales con contratos temporales como a los funcionarios interinos". Destacó los casos de Correos y el INEM; con 13.000 y 4.300 empleados temporales, respectivamente.

PELIGRA EL CUERDO DE MODERNIZACION

Según Nieves, la política que está aplicando la Administración puede provocar la ruptura del acuerdo de modernización firmado en noviembre de 1991 para un periodo de tres años.

Como puntos de concretos de discrepancia, citó la exclusión de los funcionarios de la Ley de Salud Laboral, la Oferta de Empleo Público cero para 1992 y los previsibles recortes en el capítulo de personal como consecuencia del Plan de Convergencia.

Por otra parte, Nieves ratificó que el próximolunes UGT emprenderá una campaña explicativa en las puertas de las oficinas del INEM, donde delegados del sindicato explicarán a los parados las consecuencias que tendrán para ellos el decreto de recorte del seguro de desempleo. También usarán los tablones sindicales del interior de las agencias.