El líder sindical subrayó que, aunque este debate lleva 25 años abierto, ahora, por pimera vez, hay posibilidades de que la Unión Europea apruebe la directiva que consagraría los derechos sindicales al respecto, por lo que instó al Gobierno español (el único que se opone) a que cambie su postura.

A su juicio, España debería cambiar su postura en la próxima reunión de ministros de Trabajo de la UE, que se celebrará el próximo 6 de junio. Méndez anunció que UGT y CCOO aprovecharán la entrevista que tendrán con Aznar para reanudar el diálogo social para pedir que reconsidere su postura.De no ser así, los sindicatos españoles tendrán una papel protagonista en las movilizaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en la Cumbre de Oporto -que se celebrará a finales de junio- para exigir a la UE una apuesta más decidida por la construcción de la Europa de los derechos socio laborales.

"Le pegaremos un fuerte tirón de orejas al presidente del Gobierno", señaló el líder ugetista. El objetivo de los sindicatos es que esta directiva se apruebe en la segunda mita de este año, bajo la presidencia francesa.

POSTURA DEL GOBIERNO

Cándido Méndez hizo estas declaraciones después de clausurar un seminario sobre los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores, organizado por la UGT. Previamente, había participado en el mismo el secretario general de Empleo, Juan Chozas, quien explicó la postura del Gobierno sobre la directiva que ahora está bloqueada.

Según el representante del Ministerio de Trabajo, la oposición española se basa en qe la intervención de los sindicatos en los órganos de gobierno de las empresas europeas debe emanar de la negociación colectiva, pero en ningún caso debe imponerse.

Chozas señaló que, en supuestos de fusión y creación de grandes grupos transeuropeos, este derecho de los sindicatos sólo debe extenderse al conjunto de la nueva empresa en caso de que más de la mitad de los trabajadores afectados por la operación empresarial ya disfrutara del mismo.

España teme que, si no se flexibiliza el sistema, s crearán "excesivos corsés" a la creación de empresas europeas. El secretario de Empleo aseguró que tampoco es admisible la posibilidad de que se cree un periodo transitorio de adaptación a esta normativa para España y que se aplique en los otros 14 países comunitarios.