Ambs suscribieron la propuesta realizada en ese sentido por la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas, durante una rueda de prensa en la que dicha organización dio su apoyo a las críticas sindicales al proyecto de Ley de Huelga aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros.

Esta federación, que agrupa a 2.000 profesionales del derecho (entre jueces, fiscales, abogados, inspectores de trabajo y secretarios de juzgados) considera que lo más conveniente habría sido mantener la actual regulción la huelga y reglamentar únicamente la manera de fijar los mínimos en los servicios esenciales de la comunidad.

Para su portavoz, Tomás Iglesias, la huelga está adecuadamente regulada con la Ley de Relaciones de Trabajo de 1977, que fue convalidada por el Tribunal Constitucional, y la jurisprudencia dictada posteriormente por este órgano judicial.

Iglesias destacó, entre las críticas de su federación al proyecto de Ley de Huelga, la ampliación los supuestos de despido, el endurecimiento de la sanciones, la concentración de poder en el Ejecutivo y la limitación de las facultades de los jueces para suspender actos administrativos que consideren no ajustados a derecho.

También apuntó el peligro que encierra, a su juicio, la manera en que la norma tipifica la ilegalización de las huelgas que perturben la actividad parlamentaria. Según Iglesias, la redacción es tan ambigüa que podría impedir actos de presión en la calle para forzar la modificación de acuerdos parlamentarios, como ocurre con elparo general del 28 de mayo en relación al "decretazo".

Iglesias dijo asimismo que el proyecto de ley no es "ni corto ni claro, como sería deseable" y que no contribuye a la paz social, al otorgar a la Administración la última palabra en cuestiones como la fijación de los servicios mínimos.

RECORTE DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Por su parte, Antonio Gutiérrez aseguró que la Ley de Huelga se inscribe dentro de una estrategia del Gobierno para recortar los derechos fundamentales. Añadió, a este respeto, que el Ejecutivo quiere aplicar la "Ley Corcuera" para reprimir derechos colectivos como el de manifestación y huelga, especialmente el 28 de mayo.

Redondo vaticinó que la Ley de Huelga y la "Ley Corcuera" irán seguidas de nuevas medidas restrictivas, como una ley antilibelo. A su juicio, esto refleja un "cambio de modelo de sociedad" por parte del Gobierno.

Los líderes sindicales explicaron que asumen las críticas de la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas y que se las trasladrán a los grupos parlamentarios para que las incluyan como enmiendas en la tramitación del proyecto de Ley de Huelga.