Los dirigentes sindicale valoran positivamente la solicitud de Gil-Robles al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que reconsidere las repercusiones del decreto sobre empleo para los minusválidos, pero piden que esta iniciativa se extienda a todo el colectivo de trabajadores.

En la carta, los líderes sindicales reiteran su "rechazo frontal" al Decreto-Ley de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por Desempleo, al considerar que produce un gran recorte de las prestaciones y de los beneficiarios, perjuicando a colectivos muy amplios de trabajadores.

Igualmente, Redondo y Gutiérrez informan al Defensor del Pueblo de los defectos de forma y contenido que, a su juicio, tiene el decreto y de los que dicen que "quizá en otra ocasión den pie a que nos dirijamos a usted para reclamar un recurso de inconstitucionalidad, cosa que estamos estudiando".

Los máximos responsables de UGT y CCOO valoran la iniciativa de Gil-Robles de pedir al Ministerio de Trabajo que reconsidere la supresión de las desgravacones por la contratación de minusválidos cuando el decreto sea debatido en el Parlamento, pero insisten en que el "decretazo" no sólo tiene efectos negativos para este colectivo, sino para "un extenso número de personas".

Ambos sindicatos cifran en más de ocho millones las personas susceptibles de verse afectadas por el recorte de las prestaciones, haciendo especial hincapié en los más de tres millones de trabajadores con contratos temporales existentes en España.

Gutiérrez y Redondo explican al efensor del Pueblo que este colectivo de trabajadores no sólo sufrirá una disminución en la cuantía de las prestaciones por desempleo, sino que el decreto afectará también a sus derechos futuros a otras prestaciones, ya que el subsidio de desempleo no cotiza a efectos de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia.

Esto, a juicio de los secretarios generales de UGT y CCOO, supone un "notable endurecimiento" en las condiciones de acceso de los trabajadores a la jubilación. Insisten en su misiva en qu el cambio hacia un sistema fundamentalmente asistencial al que lleva el decreto del Gobierno tendrá un impacto "profundamente negativo" en todo el territorio español.

Redondo y Gutiérrez consideran "positivas" las medidas tomadas por Gil-Robles para evitar los efectos perniciosos que tiene el decreto para algunos colectivos, como los minusválidos y los fijos discontinuos, pero resaltan que "el problema es mucho más amplio y generalizado y difícilmente se soluciona el problema excluyendo a unos colectvos y discriminando negativamente a otros".

Por ello, indican en su carta al Defensor del Pueblo que "veríamos con agrado que sus actuaciones en uso de las facultades que tiene atribuidas se extiendan hasta englobar a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras perjudicadas por el decreto sobre empleo".