Salce y Castro anunciaron esta iniciativa en una rueda de prensa celebrada para presentar un dictamen sobre la inconstitucionalidad del denominado "decretazo", elaborado a petición de los sindicatos por el ctedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido.

El dictamen, que será remitido al Defensor del Pueblo por las centrales, señala que el decreto sobre empleo es insconstitucional, tanto por su contenido como por su forma.

Diego López Garrido informó que el plazo para que el Defensor del Pueblo interponga este recurso finalizará el día 8 del próximo mes de julio y explico que si el TC determina que el "decretazo" es insconstitucional, la insconstitucionalidad se extendería a la ley que en s día se apruebe.

López Garrido dijo que existen, además, otras dos vías legales para pedir la retirada o la inconstitucionalidad del decreto. Una de ellas consiste en que los jueces que defiendan denuncias particulares de parados afectados por esta medida pregunten al TC si el "decretazo" es o no inconstitucional.

Si el Tribunal Constitucional declarase que es constitucional, los jueces podrían interponer un recurso de amparo, que sería la tercera vía, aunque, a juicio de López Garrido, es más diícil que salga adelante, ya que este recurso sólo puede presentarse para defender los artículos de la Constitución que van desde el 14 al 30 (derechos fundamentales y libertades públicas).

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El catedrático de Derecho Constitucional explicó que el proyecto de ley sobre empleo es inconstitucional en su contenido, ya que vulnera los artículos 41 y 9.2 de la Contitución española, además de ser contrario a lo establecido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos

Señaló que el decreto rebaja "drásticamente" las prestaciones sociales a los parados, mientras que estos artículos insisten en que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social que tendrá carácter suficiente, especialmente en casos de desempleo.

En opinión de López Garrido, también vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, porque no se justifica que hayan existido razones de "extraordinaria necesidad y urgencia" para dar al decreto fuerza de ley, puesto que la situacin deficitaria del Inem se conocía desde hacía bastante tiempo.

Además, según López Garrido, viola el principio de igualdad de la ley, al suprimir las becas y ayudas para los parados y mantenerlas para los que participan en programas de formación y empleo, y discrimina a los trabajadores que firmaron sus contratos antes de la entrada en vigor del decreto que acuden a solicitar las prestaciones por desempleo después.

Los responsables sindicales, Salce Elvira y Emilio Castro, aseguraron que utilizarn las tres vías legales existentes para recurrir el "decretazo" y expresaron su confianza en que el Defensor del Pueblo acoja favorablemetne su petición.

"Esperamos que el Defensor del Pueblo sepa estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que son criterios políticos los que determinan la configuración de esta institución, pero los ciudadanos de este país tenemos todavía confianza en las instituciones y particularmente en esta", indicaron.