En rueda de prensa celebrada hoy, los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Apolinar Rodríguez yAgustín Moreno respectivamente, se mostraron partidarios de aplicar en esos casos "sanciones económicas duras" pero nunca el despido. La misma sanción debe imponerse, a su juicio, a los gestores que impongan unos servicios mínimos "abusivos".

Los dirigentes sindicales presentaron las lineas maestras del sistema de autorregulación de la huelga que UGT y CCOO propondrán al Gobierno, en el que se comprometen a garantizar "las prestaciones básicas en todo servicio esencial para la comunidad".

A estosefectos, UGT y CCOO considerarán como servicios esenciales los relacionados con la vida, la salud, la seguridad y, con algunas restricciones, el transporte público. "El transporte público en Cuenca, por ejemplo, no es un servicio esencial", explicaron.

De acuerdo con la propuesta sindical, los servicios esenciales serían cubiertos mediante servicios mínimos en un porcentaje a determinar mediante negociación y, si esta falla, recurriendo a un árbitro nombrado por las partes.

Los sindicatos se compometen también a realizar un preaviso "social" de las huelgas más amplio que el legal (que tiene que comunicarse diez días antes del paro) y a dar la máxima publicidad a la convocatoria entre los usuarios del servicio afectado.

UGT y CCOO defienden también que la convocatoria de la huelga pueda ser realizada por "los trabajadores o sus representantes" y que en ningún caso esté condicionada al respaldo de un porcentaje mínimo de la plantilla, como ocurre en Gran Bretaña.

Rodríguez y Moreno recalcaon que la regulación de la huelga "debe circunscribirse a los servicios esenciales" y recalcaron nuevamente que la promulgación de una ley no consensuada con los sindicatos produciría una situación de "conflictividad grave".

NO REDUCIRA LOS PAROS

Ambos recalcaron que el sistema de autorregulación no reducirá el número de huelgas, que responden a los problemas económicos y sociales que atraviesa España, pero sí racionalizará su ejercicio. "La conflictividad", afirmó Apolinar Rodríguez, "es un indicadr de malestar. Hay que actuar sobre él, en lugar de intentar trucar el termómetro".

Por su parte Agustín Moreno acusó al Gobierno de provocar la prolongación de algunos conflictos, entre los que citó el del Metro de Madrid, para "generar un caldo de cultivo favorable a una ley restrictiva".

A su juicio, el Ejecutivo se ha planteado la ley de huelga como una operación electoralista pensada para "estimular los instintos más conservadores del electorado" y como una estrategia para recortar la capaciad de respuesta de los trabajadores ante las medidas socialmente duras del Plan de Convergencia.

Finalmente, los dirigentes sindicales subrayaron su disposición para llegar a lo que denominaron un "pacto de ciudadanía" entre los sindicatos y la sociedad para garantizar tanto el derecho de huelga como los derechos de los usuarios de servicios esenciales.