Dirigentes de ambos sindicatos explicaron hoy en Toledo que la Junta de Comunidades ha adjudicado a varias empresas privadas a contratación de personal en servicios de las consejerías de Bienestar Social y Educación y Cultura.

Según estos sindicatos, unos 3.000 trabajadores se verán afectados por esta medida, adoptada ya en residencias de ancianos y en centros universitarios de la comunidad.

Tanto UGT como CCOO han pedido a Bono que "no engañe a los ciudadanos cuando dice que está dispuesto a encabezar movilizaciones en defensa del empleo público, porque luego lo privatiza en su Administración".