Las principales irregularidades que denuncian estas organizaciones son el cobro por actividades obligatorias en colegios concertados y la concentración del alumnado con necesidades especiales y de niños inmigrantes en colegios públicos. Por estas razones, exigen un nuevo convenio de educación al Gobierno regional.

Francisco García, secretario general de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid (FREM) de CCOO, denunció que el consejero de Educación, Luis Peral, "está permitiendo un espacio de alegalidad en la educación madrileña" y "no tiene voluntad política para arreglar el problema".

Para José Vicente Mata, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT) de Madrid, el Gobierno autonómico "está más preocupado en que ciertas empresas se lleven dinero que en estudiar cómo formar a las personas".

Mercedes Díaz, presidenta de la Asociación Giner de los Ríos, denunció numerosas irregularidades que, según su versión, se han constatado "en casi el cien por cien de los colegios privados concertados".

COBROS "ILEGALES"

Díaz señaló, como principales acciones "ilegales", que "se cobra por actividades complementarias obligatorias en horas lectivas", se cobran cuotas de comedor y de transporte, se selecciona el alumnado o se exigen pruebas de nivel para acceder a los colegios bilingües, "cuando estos colegios se financian con dinero público".

La presidenta de la Giner de los Ríos exige al Gobierno regional "un nuevo decreto educativo que garantize el reparto equitativo del alumnado con necesidades especiales y de la población escolar inmigrante".

Francisco García explicó que, en la Comunidad de Madrid, el 55% de los colegios pertenecen a la red pública, mientras que los privados representan el 45%. Teniendo en cuenta estos datos, consideró un "enorme desequilibrio" el hecho de que la educación pública aglutine al 15% de la población escolar inmigrante, mientras la privada sólo cuenta con un 6,2% de alumnos extranjeros.

José Vicente Mata cree que "el hacinamiento de alumnos inmigrantes en determinados centros repercute en la sociedad, como hemos visto en Francia o en el Reino Unido".

El portavoz de de CCOO dijo que en Madrid hay colegios concertados "que segregan por sexo o que cobran por admitir a alumnos, como el colegio Monte Tabor de Pozuelo, que cobra 1.800 euros a cada alumno cuando se financia con dinero público".

MOVILIZACIONES

García señaló que, visto que la vía jurídica no ha dado resultado en el pasado, han fijado ya un calendario de movilizaciones conjuntas para primeros de mayo.

El portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO afirmó que la situación actual "va a tener consecuencias en el futuro", por lo que ven necesario trasladar su preocupación "a la sociedad y a la comunidad educativa".