Así lo anunció hoy en rueda de prensa Lacuerda tras concluir el Comité Federal de la FSP de UGT. Lacuerda criicó y rechazó la intención del Gobierno de subir el sueldo a los empleados públicos sólo un 1% en 1997, y destacó que en el período 1992-95 los funcionarios han perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo.

Lacuerda, que pidió a Villar que aclare si tiene la voluntad realmente de convocar la Mesa de la Función Pública, anunció que la FSP realizará en las próximas semanas una campaña de información entre los funcionarios, y señaló que, aunque de momento no se contempla la convocatoria de una huelga, sí se levarán a cabo manifestaciones y concentraciones puntuales.

No obstante, Lacuerda apuntó que en el futuro, si se confirman las intenciones del Gobierno, se realizarán más contundentes. Aseguró que en el Comite de la FSP se ha podido comprobar que las bases piden una mayor presión y que se realicen movilizaciones contra las pretensiones del Ejecutivo.

El responsable de UGT destacó el espíritu negociador del sindicato, pero indicó que "no se puede dar más margen de confianza al Ejecutivo", porque elel tiempo que llevan gobernando "han roto todas las expectativas de negociación y de espíritu conciliador".

En la carta remitida a Villar, UGT y CCOO proponen la apertura de varias mesas de negociación para discutir todo lo relacionado con al área pública, algunas de las cuales deberían constituirse inmediatamente, nada más se convoque la Mesa de la Función Pública, para negociar durante el verano, mientras que otras se convocarían en septiembre.

RETRIBUCION Y EMPLEO

Entre las que deberían formrse inmediatamente está la mesa sobre retribuciones de los empleados y empleo, que, según los sindicatos, debería contar con cuatro grupos de trabajo para estudiar los acuerdos con el anterior Gobierno para el período, la revisión salarial por la desviación del IPC del 3,5 al 4,3% en 1995, la reorganización de la Administración y la unificación de las condiciones laborales de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores que trabajan en el extranjero.

Además, los sindicatos piden que se constiuya con urgencia una mesa para negociar el acuerdo marco del personal laboral que unifique los distintos contratos laborales existentes en la Administración, otra mesa para debatir el marco que regule el traslado de personal de la Administración central a las autonomías y varias mesas sectoriales para temas como la sanidad, enseñanza, justicia, Administración central y Correos.

A partir de septiembre, según proponen los sindicatos, deberían constituirse mesas sobre salud laboral, acción social, formacón continua, Acuerdo de Solución Extrajudicial de los Conflictos dentro de la Administración, el Estatuto de la Función Pública y sobre la ley de acompañamiento y retribuciones, esta última para cerrar todo el tema salarial.