Así lo indicaron en un comunicado ambos sindicatos después de que ayer se reunieran con representantes de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) y de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, advirtiendo de que, si vuelve a ampliarse el plazo de enmiendas más allá del 23 de febrero, las tres organizaciones anunciarán la convocatoria de movilizaciones conjuntas.

En su comunicado, las dos centrales sindicales recordaron que el PSOE se comprometió a iniciar la tramitación de la proposición de Ley en la Comisión Parlamentaria en el plazo de dos meses tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en los que se incluyó una enmienda para financiar el Fondo de Compensación con una partida de 25 millones de euros.

Dicho plazo, apuntaron, finaliza el próximo 28 de febrero, días después de la finalización del periodo de presentación de enmiendas actualmente vigente el 23 de febrero, por lo que en la reunión mantenida ayer advirtieron que anunciarán movilizaciones “si el 23 de febrero la Mesa del Congreso ampliase nuevamente el periodo de presentación de enmiendas”.

Ante este ‘ultimátum’, las diputadas socialistas Mercè Perea e Inmaculada Oria se comprometieron a intentar concretar, en el menor plazo posible, la fecha de inicio de la tramitación.

Durante la reunión, explicaron CCOO y UGT, “se ha coincidido en la necesidad de clarificar el ámbito de aplicación del Fondo y sus personas beneficiarias, que serían las afectadas por exposiciones al amianto de origen laboral, doméstico (familiares de trabajadores expuestos) y ambiental (vecindario de instalaciones en las que se utilizaba amianto)”.

También la estructura de financiación del Fondo, “similar a la del Fondo de Indemnización de Víctimas del Amianto existente en Francia, y que contaría con partidas procedentes de fondos de la Seguridad Social, de los Presupuestos Generales del Estado, de las sanciones impuestas a las empresas por faltas de medidas de prevención en relación con el amianto y por la subrogación a favor del Fondo del derecho a litigar frente a las empresas responsables de los daños a la salud”.

Sobre la reunión con Unidas Podemos, los sindicatos indicaron que los diputados Pilar Garrido y Juan López de Uralde confirmaron la decisión de trasladar el Fondo de Compensación del ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al de Asuntos Sociales y Agenda 2030.

A este respecto, Fedavica, CCOO y UGT manifestaron su discrepancia, ya que, explicaron, “la parte más importante de la financiación del Fondo correspondería a fondos de Seguridad Social” y “los órganos rectores previstos por la proposición de Ley están compuestos, fundamentalmente, por responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a otros del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sin presencia del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030”.