En un comunicado, los sindicatos denunciaron que el sector privado recibirá en transferencias 70.000 millones de pesetas en 1997 y 500.000 hasta el año 2005. Además, consideran que el Protocolo rompe el marco legal vigente y supondrá a medio plazo una subida de precios, frente a la anunciada reducción d tarifas por el Gobierno.

A su juicio, como consecuencia de la absorción del exceso de capacidad actual, la amortización de las plantas existentes y la bajada de tipos de interés, se podría alcanzar una rebaja de tarifas mucho mayor que la pactada en el documento (del 3% en 1997, 2% en 1998 y 1% nominal del 2002 al 2007)

"Bajo el manto de un discurso radicalmente liberalizador se están preservando los intereses especulativos de las empresas privadas del sector, que tradicionalmente han demostradounos niveles de ineficiencia sin comparación con ningún otro país en el mundo desarrollado", añadieron.

UGT y CCOO indicaron que el Protocolo favorecerá "operaciones especulativas" en favor del gas y en detrimento de las centrales ya instaladas de fuel y carbón, que, no obstante, deberán mantenerse. Añadieron que a medio plazo supondrá una disminución de las fuentes de abastacecimiento eléctrico.

Por todo ello, los líderes sindicales han solicitado al presidente del Gobierno que abra un debate naional sobre el Protocolo Eléctrico, convocando a una negociación a todas las partes afectadas.