Este grupo, que integran las empresas Fea, Enfersa, Nicas, Asur e IQZ, tienen centros de trabajo en Huelva, Sevilla, Cartagena, Puertollano, Sagunto, Madrid, Valladolid, Zaragoza y Avilés, así como redes comerciales, almacenes y oficinas repartidas por todo el país.

Los sindicatos fundamentan su denuncia en que la empresa, en relación con la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se establecía la suspensión temporal de contratos hasta el 15 de junio, y la progresiva parada de la producción en todas las plantas, ha incurrid en actitudes tipificadas como "graves y muy graves" por la Ley sobre infracciones y sanciones de orden social.

A juicio de los sindicatos, algunas de las actitudes mantenidas por la empresa a este respecto podrían incluso incurrir en delitos de orden social contemplados en el Código Penal.

Entre las conductas de la empresa que los sindicatos consideran ilegítimas en su denuncia, figuran la modificación generalizada unilateral y arbitraria de las condiciones de trabajo sin llevar a cabo los proceimientos previstos en la normativa vigente y sin notificarlas previamente a los representantes de los trabajadores.

También denuncian infracciones en materia de seguridad en el trabajo, tales como la falta de atención a funciones clave para la seguridad de los trabajadores al reducir arbitrariamente el personal, así como en materia de empleo, intentando generalizar las horas extra y utilizando contratas externas para sustituir a trabajadores en suspensión temporal.

UGT y CCOO consideran en la denncia que estos problemas adquieren todavía mayor gravedad por la situación que atraviesa el grupo Fesa-Enfersa. Por ello, piden que se actúe "con la mayor urgencia posible, teniendo en cuenta, además, los plazos muy próximos en los que habrá que tomar decisiones".

En su denuncia, los sindicatos piden a la Inspección de Trabajo que compruebe estas infracciones y inste al grupo Fesa-Enfersa a corregirlas, con la consiguiente sanción que de ellas se derivase.