El secretario de Accción Sindical de UGT, Toni Ferrer, explicó hoy en rueda de prensa que esta forma de actuar del Gobierno exigiría una respuesta unitaria con un grado de contundencia en función de la agresión que se produzca, dando a entender que no descartan la convocatoria de una huelga general.

Ferrer aseguró que UGT no conoce, "más allá de las filtraciones y globos sonda que lanza el Gobierno", la reforma laboral que se dice qu está preparando el Ejecutivo. En cualquier caso, dijo que la gravedad no radica en los contenidos, sino en que "el Gobierno se entromete, contamina y ciega el diálogo social, no respetando la regla de que las relaciones laborales son competencia autónoma de los empresarios y sindicatos".

Además, acusó al Gobierno de "ponerse al lado de las pretensiones más maximalistas de la CEOE", desoyendo el principal problema que tiene el mercado laboral, que es la temporalidad en el empleo, y limitándose a defener el abaratamiento del despido. "Eso", advirtió, "obliga a dar una respuesta contundente".

Según el responsable ugetista, el diálogo social entre sindicatos y empresarios está en "situación de bloqueo" por la injerencia del Gobierno. Insistió en que sólo si hay acuerdo entre empresarios y sindicatos en los temas sobre relaciones laborales, el Gobierno puede plantearse medidas que se desarrollen en el Parlamento.

Denunció que la actitud del Ejecutivo ha llevado a la patronal a "instalarse en una osición cómoda y no querer negociar". A su juicio, "estamos todavía a tiempo de negociar. El diálogo social es fundamental para resolver los problemas del mercado laboral", afirmó.

OTROS ASUNTOS

Además de la marcha del diálogo social, el comité confederal de UGT está analizando, según Ferrer, la situación dramática creada por la escalada terrorista; la situación económica actual, con unos indicadores económicos que empiezan a deteriorarse, y la preparación de la negociación colectiva de 2001.

Sbre este último asunto, Ferrer se mostró seguro de que la negociación de los convenios del próximo año será "difícil y compleja", ya que "choca con la política económica del Gobierno", que pretende recortar los salarios al fijar un objetivo de inflación "increíble" del 2%.

Ferrer aseguró que la negociación colectiva de 2001 cumplirá la función social de redistribuir la riqueza. Para ello, los sindicatos pedirán una subida salarial que mejore el poder adquisitivo de los salarios, con una cláusula de revsión salarial que garantice esta mejora.