La convocatoria de la manifestación fue decidida esta mañana en una reunión mantenida por los secretarios de Acción Sinical de UGT y CCOO, Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno, respectivamente, en la que también ratificaron las convocatorias de huelga que hay convocadas hasta la fecha en las empresas del sector público que aún no han firmado sus convenios.

A la manifestación han sido llamados todos los trabajadores de las empresas públicas sin convenio para el 91 y los empleados de la Banca, que se encuentran en la misma situación. En total, han sido convocados un total de 160.000 trabajadores.

La manifestación patirá alrededor de las 11 de la mañana de distintos puntos de Madrid, para confluir en la calle de Alcalá y finalizar frente a la sede que el Ministerio de Economía tiene en esta calle, donde los trabajadores permanecerán concentrados desde las 12 hasta la 1 de la tarde.

En el caso de Telefónica, la manifestación comenzará en la sede de la empresa, en Gran vía, mientras que los trabajadores del Ministerio de Educación y los de la banca privada partirán de la calle de Alcalá y de la Plaza de Canalejas, espectivamente. El mismo día, está previsto celebrar manifestaciones similares en las cabeceras de provincias en las que también hay problemas para firmar los convenios.

Según UGT y CCOO, todavía quedan por firmar el 95 por ciento de los convenios colectivos del sector público. Hasta la fecha sólo ha habido acuerdo en Altos Hornos de Vizcaya, en la que se fijo una subida salarial un punto por encima del IPC real de este año, en la banca pública (7,22 por ciento de incremento salarial), en Aviación Civl y en Aeropuertos Nacionales (8,6 por ciento) y en la Comunidad de Madrid (8,1 por ciento más beneficios adicionales).

MAS DE 300.000 TRABAJADORES EN HUELGA

Los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO ratificaron en la reunión de esta mañana las huelgas convocadas para las próximas dos semanas en el sector público, que afectarán a más de 300.000 trabajadores, y decidieron dar continuidad a las movilizaciones en las semanas siguientes si no se van firmando acuerdos en las empresas.

En las os próximas semanas hay huelgas convocadas en las empresas del metal del INI (mañana), en Renfe (a partir de mañana y hasta el próximo viernes), en Aviaco (los días 10 y 17), en Iberia (el 14, 17, 20 y 24), en Telefónica (el 16 y 24), y en la empresa de transportes Bacoma (el 17, 19, 24 y 26 de mayo).

Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno responsabilizaron al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de Economía, del bloqueo de los convenios en las empresas públicas, y subrayaron que en el sector privado u total de tres millones y medio de trabajadores ya tienen firmadas sus condiciones laborales para este año.

Insistieron en que el único responsable de la actual tensión conflictiva es el Gobierno, "que ha estado jugando a aprendiz de brujo, retrasando la posibilidad de acuerdo". Añadieron que "el Ejecutivo habla cada dos por tres de grandes pactos, mientras es incapaz de llegar a acuerdos con los trabajadores en sus propias empresas".

"DECRETO BORRELL"

Los responsables de UGT y CCOO criticaron uramente los servicios mínimos impuestos para los días de huelga en las empresas públicas, a los que calificaron de "abusivos". "El Gobierno intenta que los transportes públicos funcionen los días de paros, mientras el resto del año no funcionan", dijo Rodríguez.

Los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO se refirieron en concreto a los servicios mínimos decretados por José Borrell en Renfe. A juicio de Moreno, "Borrell en sólo dos meses ha batido el record imponiendo los servicios mínimos más ausivos de los que se han establecido en la compañía ferroviaria en los últimos diez años".

El "decreto Borrell", que es como se refirieron los sindicalistas al decreto aprobado por el ministro para establecer los servicios mínimos en Renfe, demuestra, para Moreno, una postura "ultra-intransigente, autoritarista, abusiva y antidemocrática" del ministro.

"Si estos servicios mínimos son la antesala de una ley de huelga, nos opondremos totalmente, porque son un intento de recortar el derecho a la huega", añadió.

Rodríguez, por su parte, criticó a los responsables de Renfe, "que está más preocupados del rapapolvo que les puede echar Solchaga, que de tener contentos a sus trabajadores". En su opinión, "no gestionan seriamente la empresa, sino la promoción política y el mantenimiento de sus puestos".